Pero avisa que tardará: “No se puede ir tan deprisa”
El Ministerio de Margarita Robles trabaja en los expedientes para tramitar las exhumaciones de los militares franquistas José Moscardó y Jaime Milans del Bosch y Ussia, protagonista además del 23F, enterrados en el Alcázar de Toledo, sede el Museo del Ejército
Laura Galaup - El Diario - 4 de noviembre de 2022
Cripta del Alcázar de Toledo en la que están enterrados Moscardó y Milans del Bosch Museo del Ejército
El Ministerio de Defensa asegura que ha comenzado el proceso para tramitar las exhumaciones del Alcázar de Toledo, donde se encuentran enterrados los militares franquistas José Moscardó Ituarte y Jaime Milans del Bosch y Ussia. Tras la salida del general golpista Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena este jueves, y la futura exhumación de José Antonio Primo de Rivera en el Valle de Cuelgamuros, la presencia de Moscardó y Milans del Bosch en la sede del Museo del Ejército es señalada por colectivos memorialistas.
El Ministerio de Defensa acaba de crear esta misma semana un Comité de Seguimiento “para el estudio, la coordinación y la planificación” de las actuaciones que tiene que tomar el departamento de Margarita Robles vinculadas a la Ley de Memoria Democrática. La exhumación de militares golpistas será uno de los varios expedientes en los que tendrá que centrarse este equipo de trabajo encargado de velar por el cumplimiento de la norma aprobada por el Gobierno de coalición.
Sobre la exhumación de los restos de Moscardó y Milans del Bosch, enterrados en la cripta del Alcázar, fuentes de Defensa confirman a elDiario.es que los procesos “ya están en marcha”, aunque desde el gabinete de prensa del Ministerio aseveran que estos trámites tardarán. “No se puede ir tan deprisa”, indican fuentes oficiales del Ministerio. Y añaden: “Todas estas actuaciones requieren un procedimiento administrativo”.
Quejas de colectivos memorialistas
Colectivos memorialistas y partidos como IU, Podemos y Compromís llevan años reclamando la salida de Moscardó y de Milans del Bosch de un edificio sufragado con fondos públicos. Moscardó se sumó al golpe de 1936, declarando el estado de guerra y encerrándose en el Alcázar, convertido en un fortín de los sublevados, donde mantuvieron un encierro de 70 días, rodeados por tropas republicanas. Tras lo que el franquismo llamó “liberación” del Alcázar tras la toma de control de Toledo por parte de los golpistas, Moscardó fue ascendido a general de brigada y premiado con la Cruz Laureada.
El título nobiliario de conde que Franco entregó a Moscardó es uno de los 33 que han sido revocado tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, como adelantó elDiario.es. Moscardó, fallecido en 1956, fue enterrado en el Alcázar. Allí yacen también los restos de Milans del Bosch, condenado a 26 años de prisión por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Su cuerpo llegó a la cripta del Alcázar en 1997, año en el que falleció. La hemeroteca recoge que durante la Guerra Civil participó también en el encierro de los sublevados en el edificio. Además, fue combatiente de la División Azul, la unidad militar franquista que combatió con los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Milans del Bosch provenía de una familia apegada a la disciplina castrense, tal y como recoge el obituario que publicó El País tras su muerte. Su abuelo fue jefe del Cuarto Militar de Alfonso XIII. A pesar de su condena por participar en el golpe de Estado del 23F, fue enterrado en el Alcázar ya en democracia. En ese momento, durante el Gobierno de José María Aznar (PP), el Ministerio de Defensa aseguró que la inhumación estaba autorizada por una “norma anterior” a ese Ejecutivo, “recogida en los estatutos del patronato que gestiona la cripta”, y que permitía que fuesen a parar a esa cripta “los militares que defendieron el Alcázar durante la Guerra Civil y sus familiares en primera línea de parentesco”, tal y como recoge la hemeroteca del año 1997, más de dos décadas después del fin de la dictadura.
Actualmente el Museo del Ejército no detalla en su página web quiénes están enterrados en las tumbas del Alcázar. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, critica que el departamento encabezado por Robles utilice en el portal online un lenguaje que, a su juicio, “admite como legal el golpe de Estado”. Precisamente, al hablar de la cripta del Alcázar de Toledo, convertido en uno de los mitos del franquismo, se apunta a que en ella están enterrados los restos de militares y civiles “que lo defendieron” durante “el asedio” llevado cabo en 1936 por las fuerzas republicanas. “La verdad es que no estaban defendiendo el Alcázar, lo estaban ocupando contra la voluntad del Gobierno y utilizándolo para que triunfara un golpe de Estado”, apunta el presidente de la ARMH, informa Marta Borraz.
Un proceso más complejo que el de Queipo
El Ministerio de Defensa justifica que la gestión de los procedimientos de exhumación requieran tiempo. “En un Estado de Derecho, y así lo exige la Ley aprobada, es necesario un expediente administrativo, que se rige con el principio de contradicción, con participación de las familias y de quienes resulten legítimamente interesados, y esos trámites llevarán un tiempo”, indican fuentes oficiales del departamento de Robles.
Otras fuentes conocedoras del proceso indican a elDiario.es que, efectivamente, al ser un lugar público el proceso será más complejo que el que se llevó a cabo con Queipo de Llano en la Hermandad de la Macarena de Sevilla y debe conocerse antes la posición de las familias de los enterrados en el Alcázar. En cualquier caso, aseguran que la ley obliga a sacarlos de ahí y que no debería ser un proceso tan largo como el que se vivió con la exhumación de Franco.
Como adelantó elDiario.es, para sacar los restos de Queipo de Llano el Gobierno invocó el artículo 38.3 de la Ley de Memoria Democrática, que establece que “los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura”. Asimismo, recordaron que el artículo 35.5 recoge que “cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.
El caso del Alcázar es diferente: el edificio es público y las criptas son solo “visitables” por los familiares de los fallecidos “con autorización previa”, según la web del Museo del Ejército. “La cripta no puede ser visitada por el público con carácter general”, aseveró el Gobierno al senador Carles Mulet en una respuesta parlamentaria emitida hace un año sobre este asunto.
Acto de homenaje a Moscardó
Aún así, aunque el acceso no sea público, esto no ha impedido que se hayan producido actos de exaltación a Moscardó. En julio de este mismo año, un grupo de ultras del equipo de fútbol SS Lazio accedió al patio del Alcázar con una gran pancarta en homenaje al dirigente militar franquista. La pancarta medía varios metros de largo y en ella se podía leer 'Honor al general Moscardó'.
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera que el caso de las dos figuras del franquismo enterradas en el Alcázar “no tiene discusión”. “Deben salir sí o sí”, apunta Silva. Y va más allá: “No es necesaria una ley para decidir que ningún golpista de 1936 ni dirigente de la dictadura se encuentre enterrado en lugares de titularidad pública. Basta con voluntad política”, señala el memorialista, que lamenta que Defensa supedite a la creación de una comisión estas acciones. “Al contrario, debería ser ejemplar en la aplicación de medidas de higiene democrática”, añade, informa Marta Borraz.
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