Ilícito y esquivar el bloqueo al Tribunal Constitucional
Feijóo ya ha anunciado que presentará recursos de inconstitucionalidad y, de ser presidente, revertirá los cambios acometidos
ADRIÁN LARDIEZ - El Plural - Viernes, 9 de diciembre de 2022
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enseña unos gráficos durante su cara a cara con Feijóo. Fernando Astasio.
Viernes de lluvia de enmiendas en el Congreso de los Diputados. PSOE y Unidas Podemos han aprovechado la reforma del Código Penal que desdibujará el delito de sedición, sustituido por desórdenes públicos, para introducir el delito del enriquecimiento personal y “seguir avanzando en la lucha contra la corrupción” y, de paso, modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para desbloquear los nombramientos del CGPJ al Tribunal Constitucional. El portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Patxi López, ha justificado la mezcolanza de enmiendas esgrimiendo que el melón del Código Penal no se abre todos los días y hay que aprovechar las ventanas de oportunidad. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya ha adelantado que presentarán recursos de inconstitucionalidad y se ha comprometido a revertirlo todo en caso de llegar a gobernar.
López ha comparecido este viernes en pleno puente para informar de que, junto a sus socios de Ejecutivo, registrarán una enmienda para penalizar por primera vez el enriquecimiento ilícito. Este tipo penal, que existe en otros países, no figuraba en el catálogo español. Los cargos públicos únicamente estaban obligados a publicar sus respectivas declaraciones de bienes y rentas, pero nunca habían de justificar posibles enriquecimientos patrimoniales. Es el caso de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), quien atesora 12 millones de euros -según las investigaciones de ElPlural.com- y se niega a aclarar su origen, limitándose a decir que los ganó como médica.
El dirigente socialista ha lamentado que “si hemos tenido un aumento del patrimonio injustificado, no pasa nada”, por lo que, con esta propuesta aquellos que presenten un incremento patrimonial de 250.000 euros por encima de sus ingresos actuales o la cancelación de deudas por un valor semejante durante su ejercicio y hasta cinco años después, tendrán la obligación de justificarse. En caso contrario, serían condenados con penas de cárcel que oscilan entre los seis meses y los tres años, inhabilitación por un periodo de entre dos y siete años y multas de tres veces lo obtenido. “Nos situaremos entre los países más avanzados. Es un paso lógico en el camino de la transparencia. Seguimos avanzando en la lucha contra la corrupción”, ha razonado.
Reforma de malversación
Una hora antes del anuncio, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha informado del registro de una enmienda para modificar el delito de malversación, en sintonía con lo deslizado en las últimas semanas. Sería una revisión quirúrgica que, en la práctica, implicaría una rebaja de las penas de cárcel de entre seis meses y tres años a quienes malversen dinero público sin ánimo de lucro personal. Desde el grupo independentista explican que el objetivo es evitar que se utilice el delito de malversación “con finalidad política y arbitraria contra el independentismo”.
PSOE: "Todo uso indebido de fondos públicos debe ser sancionado”
Tanto PSOE como Unidas Podemos han evitado pronunciarse al respecto alegando que desconocen el contenido concreto. El portavoz socialista en el Congreso ha avanzado que lo estudiarán, pero en ningún caso apoyarán una propuesta que beneficie a procesados o condenados por corrupción, precisando que “todo uso indebido de fondos públicos debe ser sancionado”. Más proclive se ha mostrado Unidas Podemos. El presidente del grupo confederal, Jaume Asens, no ha descartado acordar enmiendas transaccionales toda vez que no supongan “carta blanca para los corruptos”. “No vamos a apoyar una reforma que garantice la impunidad de la corrupción”, ha exhortado, advirtiendo que la lucha contra la corrupción es su linea roja.
El bloqueo inconstitucional del PP a la Justicia
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantiene el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, el pasado martes confesó que el objetivo era proteger al órgano judicial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitiendo así que viola la Constitución por interés partidista y/o personal. “Es intolerable y no tiene ninguna justificación, hay que devolver la normalidad a la instituciones”, ha espetado Patxi López. Para ello, socialistas y morados modificarán la Ley Orgánica del Poder Judicial para obligar al CGPJ a designar a sus dos candidatos pendientes al Tribunal Constitucional.
La nueva norma forzaría a iniciar el procedimiento, a lo sumo, cinco días después de la entrada en vigor de la ley. El presidente del CGPJ tendrá que abrir el proceso y cada vocal podrá proponer un candidatos. La votación tendría lugar tres días después y los dos nombres con más apoyos serán los elegidos. La reforma del Código Penal se abordará en el pleno del próximo jueves día 15 de diciembre y, después, pasará por el Senado. De prosperar, fuentes parlamentarias consultadas apuntan que la renovación del TC podría completarse a mediados de enero.
Unidas Podemos, sobre el bloqueo de Feijóo al CGPJ: “Estamos ante el peor golpe a la democracia desde el 23F”
La reacción de Feijóo al aluvión de enmiendas no se ha hecho esperar. A través de su cuenta personal de Twitter, ha anunciado que presentarán recursos de inconstitucionalidad y denunciará las iniciativas ante las instituciones de la Unión Europea. También se ha comprometido a derogar “todas aquellas medidas que desprotejan al Estado” y recuperar el delito de sedición y “cualquier forma de corrupción”.
El líder popular ha aquejado que Moncloa “recrudece a contrarreloj sus ataques a las instituciones”, interpretando la creación de un nuevo delito y el desbloqueo de la renovación del Constitucional como “una deriva autoritaria” ante la que “no nos quedaremos callados”.
Moncloa no reformará, de momento, el sistema de elección del CGPJ
Asens se ha movido en la misma tónica que Patxi López y ha acusado a Feijóo de secuestrar el CGPJ y el TC: “Estamos ante el peor golpe a la democracia desde el 23F”. Preguntado por la celeridad con la que han acometido estos cambios en asuntos tan cruciales como el correcto funcionamiento de la Justicia y la lucha contra la corrupción, ha argumentado que, en efecto, podría haberse hecho “mejor y con más tiempo”, pero “llegamos a final de año y son deberes pendientes”. “No podíamos empezar el nuevo ciclo político sin cerrar estas carpetas. Es impepinable que podía durar más el chantaje del PP”, ha sentenciado. Fuentes moradas confirman a ElPlural.com que de momento no están en sus planes tocar también las mayorías necesarias para renovar el CGPJ sin el PP. Arguyen que el Constitucional acumula sentencias pendientes y es prioritario, mientras que el CGPJ es menos urgente en ese sentido.
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