El actual número 3 del PP está siendo investigado por la Fiscalía por las contrataciones exprés llevadas a cabo durante los meses más duros de la pandemia
S.G / J.M.G / J.M.S - 10/05/2023
El portavoz socialista Mario Jiménez, en una imagen de archivo. EP.
24 horas después de que ElPlural.com publicara en exclusiva que Elías Bendodo, actual coordinador general del Partido Popular, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación de miles de contratos exprés durante la pandemia en la Junta de Andalucía, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sigue manteniéndose en silencio pese a las gravísimas acusaciones. Un inmovilismo que los socialistas andaluces exigen que el dirigente popular abandone para “apartar de sus responsabilidades” al número 3 del PP hasta que finalicen dichas investigaciones.
“Lo que conocemos es muy grave porque afecta nada más y nada menos que el número tres de la dirección nacional del Partido Popular y queremos pedirle al señor Feijóo, que mientras dura la el trabajo de la Fiscalía aparte de sus responsabilidades al señor Bendodo, porque claramente estamos ante una situación sobrevenida que tiene que tener una respuesta en términos de responsabilidad”, subraya el parlamentario y portavoz del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, que añade que si finalmente Bendodo es encontrado culpable, habrá que “apartarle de manera definitiva” y en el caso de que quedara en nada, “podría recuperar sus responsabilidades al frente del partido”.
En cuanto a la investigación, llevada a cabo por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Jiménez destaca que se han “abierto diligencias” porque “claramente perciben que hay indicios de criminalidad de un Gobierno que decidió por la puerta falsa y contraviniendo los principios esenciales de igualdad, de mérito y de capacidad nombrar a 3.600 interinos mediante el procedimiento absolutamente amañado de que se enteraran antes que nadie de que se abría una convocatoria y que concursaban a estas convocatorias mediante correos electrónicos”.
“Estamos hablando de que esas medidas ese sistema de contratación fraudulento se pone en marcha en los peores meses de la pandemia y el Gobierno del Partido Popular utiliza la pandemia para saltarse los controles de contratación de la administración, en este caso, respecto de la contratación de personal y nombramiento de funcionario interino, algo gravísimo, pero también en la contratación de emergencia, como estamos conociendo en la contratación para la prestación de bienes y de servicio por parte de la empresa a la administración autonómica, también por la vía del contrato a dedo, sin garantizar la libre concurrencia del conjunto de las empresas andaluza y española y la igualdad de oportunidades, por lo tanto de acceso a la contratación”, continúa lamentando el dirigente socialista. “Son dos caras de la misma moneda, la moneda con la que Moreno Bonilla pagó a los andaluces en los peores meses de la pandemia aprovechándose de la situación de alarma que se había creado para contratar de manera fraudulenta”, añade.
“En el caso de la contratación de interinos, la Junta de Andalucía ya ha reconocido expresamente su culpabilidad en los hechos, porque de todos los procedimientos que se denunciaron ante los tribunales administrativos y del contencioso-administrativo, la Junta se allanó absolutamente a todos, reconociendo que el procedimiento de contratación del funcionario interino era nulo de pleno derecho”, sentencia Jiménez.
El modelo de contratación no respetaba los principios de igualdad, mérito y capacidad
Las contrataciones superaron las 3.400 plazas en distintas convocatorias, ya que hubo ofertas en las que no se especificó el número de puestos a cubrir. Las también conocidas como ‘contrataciones de los vigilantes de la playa’ fueron anuladas por la justicia contencioso administrativa y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que señaló la vulneración de principios “constitucionalmente consagrados” por parte del gobierno andaluz.
Decenas de sentencias de la justicia dictaminan que este modelo de contratación a la sombra de las urgencias del COVID no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad. La Junta de Andalucía, a pesar de que los gabinetes jurídicos de la administración recurren las sentencias en su contra por defecto, se allanó y acató las cautelares dictaminadas por la justicia.
Ante el rechazo generalizado de los tribunales y sin recurso de amparo por parte de los servicios jurídicos de la Junta, que quiso deshacer el entuerto y borrar todo el rastro de las contrataciones con una resolución de la Dirección general de Recursos Humanos de febrero de 2022, que anulaba las contrataciones y derechos a los interinos. Los puntos para baremación, antigüedad o experiencia obtenidos por estos contratos desaparecen. Los interinos exprés solo mantendrían, al menos, sus retribuciones y cotizaciones.
Sin embargo, esta orden no resolvió las irregularidades provocadas por las contrataciones exprés de Bendodo. Varios sindicatos denuncian la anulación que decretó Recursos Humanos, aludiendo que la carga agravante no podía recaer sobre unos trabajadores que se veían privados de los derechos que habían ganado a través de su puesto de trabajo en la administración, independientemente del acceso a este. De hecho, algunas sentencias judiciales en primera instancia fallan a favor de los interinos exprés despedidos y aún quedan muchas más sentencias por salir de los juzgados.
Otro aspecto que hace prever que la resaca será dura para Elías Bendondo es que la Junta de Andalucía no habría realizado una revisión de oficio para cada caso, un proceso extraordinario que analiza las particularidades del contrato y que se consolida con un dictamen del Consejo Consultivo.
El allanamiento ante sentencias judiciales y el hecho de que se hiciera pública una orden para deshacer el entuerto de los miles de contratos generados supone una rareza en el marco administrativo. Por lo general, las administraciones recurren sistemáticamente o cuentan con el respaldo del Consejo Consultivo o técnicos o letrados propios. No fue el caso.
Las convocatorias incurrían además en otro tipo de discriminaciones, como eran las de género, edad o discapacidad, ya que excluían a mujeres que estuvieran en periodo de lactancia o embarazadas, enfermos oncológicos o crónicos, como diabéticos, portadores de VIH o mayores de 60 años. En gran parte de las convocatorias aludidas, el trabajo no estaba conectado a la gestión sanitaria y al riesgo de contagio por COVID.
El caso paradigmático de Barveal
Las contrataciones de la Junta de Andalucía bajo el paraguas de la emergencia por COVID siguen provocando quebraderos de cabeza para el PP. Tras verse obligados a desmontar la estructura jurídica de los contratos exprés han salido a la luz concesiones a aseguradoras privadas que se prolongarán hasta el próximo mes de junio. Estos contratos por cientos de millones de euros han ido prologándose al amparo de del Real Decreto-ley 7/2020 que suspendía garantías administrativas.
Pero, como demuestran las contrataciones de los 'vigilantes de la playa', este expendio público dista mucho de ser una cuestión sanitaria. El caso paradigmático es el de Barveal, una empresa sin sede ni trabajadores y que en el ejercicio anterior presentó pérdidas, pero que recibió sin ningún tipo de concurrencia contratos por cuatro millones de euros para reparación de carreteras.
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