El Tribunal Supremo continuará investigando si el expresidente del PP trató de conseguir "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat de Catalunya
Carmen Asenjo - LÚH 2 de noviembre de 2022
La justicia de Andorra tenía abierta una investigación al expresidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy y a sus exministros de Economía, Cristóbal Montoro, e Interior, Jorge Fernández Díaz, por su presunta relación con los intentos de conseguir "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat de Catalunya. El principal investigado presentó un recurso para frenar el proceso pero este ha sido ahora rechazado por el tribunal, dando luz verde a que continúe la investigación.
En el documento emitido por el Alto Tribunal queda indicado que el recurrente (Rajoy) "se limita a aducir invocaciones genéricas e inconsistentes", por lo que "resulta evidente que hay suficientes motivos para no acceder a lo pedido". Con esta decisión se reactivan todos los trámites para esclarecer si Rajoy presionó a las autoridades andorranas para que facilitaran información del entonces presidente del Govern, Artur Mas, y del líder de Esquerra, Oriol Junqueras.
Además, en uno de los sumarios a los que pudo acceder La Ser, se reveló la participación de altas instituciones del Estado español en el operativo. Entre estas, destaca la intervención de la unidad de la policía política al servicio del Gobierno de Rajoy y su conocimiento explícito de los movimientos de los bancos o ventas, meses antes de que fueran adoptadas por la cúpula del Ejecutivo, única autoridad que podía llevarlas a cabo. Igualmente, Martín Blas, el mismo comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos y uno de los principales responsables de la policía política –imputado además en la Kitchen– comentó al CEO de la BPA (Banca Privada d'Andorra) que “el Estado español está en guerra contra el nacionalismo catalán” tratando de conocer "mediante vías ilegales" una información bancaria secreta.
De esta forma el Tribunal Supremo da la razón a la Fiscalía, que el 26 de octubre se opuso a la petición de Rajoy y mantiene abiertos todos los trámites para tratar de arrojar luz sobre la polémica.
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