Profesionales de siete comunidades autónomas anuncian movilizaciones para reivindicar mejoras salariales, más contrataciones y una mejor calidad para atender a los pacientes.
JOSÉ CARMONA - Público - 13/01/2023
La rebeldía se contagia. Hace tres años que la covid-19 azotó España y hace ahora justo uno de las primeras advertencias de los sanitarios y profesionales de la sanidad publica española, que anunciaban en enero de 2022 el principio de una serie de protestas que aspiraban a lograr mejoras y aumentar la inversión de la Atencion Primaria y no descartaban huelgas. La indiferencia política ante estas amenazas han traído consecuencias y las movilizaciones han germinado por media España: siete comunidades autónomas tienen a sus sanitarios en huelga o en las calles con protestas semanales y una octava (Galicia) negocia posibles movimientos. Y allá donde no hay movilizaciones, sin embargo, sí que hay saturación y precariedad sanitaria que remite directamente en la salud de la ciudadanía. Tras anunciarse los presupuestos que destinarán las Comunidades Autónomas para 2023, los porcentajes para la Atención Primaria apenas han ascendido respecto al año pasado. Tal y como piden las asociaciones en defensa de la sanidad pública, ninguna región ha llegado al 25% que se recomienda necesario, así que no hay elementos para pensar que el contexto actual vaya a cambiar. Los problemas de la Atención Primaria no se resolverán en 2023: ninguna comunidad invertirá el mínimo necesario JOSE CARMONA
No solo hay protestas en Madrid, pero sí es donde la situación es más delicada e incluso donde las protestas son para protestar por medidas concretas impuestas por el Ejecutivo del PP. La región que menos presupuesto invierte en Atención Primaria de toda España ha sufrido una transformación de las Urgencias extrahospitalarias que ha provocado una caída constatable de la calidad de la atención al paciente. Además, la gestión de Isabel Díaz Ayuso ha provocado una huelga indefinida de los médicos de cabecera y pediatras de los centros de salud. En los ránkings nacionales, Madrid aparece como la comunidad autónoma que menos dinero invierte por paciente y la que más camas hospitalarias cerró este verano, cuando ómicron amenazaba con rebrotar con fuerza. La segunda comunidad a la cola en este aspecto es Andalucía, donde también se han anunciado movilizaciones en la sanidad pública. A partir del 20 de enero, el Sindicato Médico de Primaria (SMP) arranca una huelga indefinida a la que están llamados todos los facultativos de la Atención Primaria. La comunidad gobernada por el PP, en este caso por Juanma Moreno, es la región con menos camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes y hay que esperar de media más de tres meses para ser atendido por el médico especialista. El aumento presupuestario de la Consejería de Sanidad para la Atención Primaria en un 3% (de 12,27% a 15,36%) no ha evitado que el malestar se cristalice en movilizaciones. Catalunya lidera de forma positiva esta última tabla, pero no ha sido motivo suficiente para que los profesionales de la sanidad pública no llamen a la protesta. El 24 y 25 de enero la ejecutarán los trabajadores del sector, y ese segundo día se entrelazará con el parón convocado por el principal sindicato de médicos de Catalunya, Metges, que tilda la situación del sector sanitario como "insostenible". Las últimas reuniones con la Conselleria no han llegado a buen puerto y aunque se ha creado una mesa de trabajo en busca de consenso, los pasos de momento son insuficientes para los facultativos, aunque la Generalitat ha prometido aumentos salariales para este curso. De toda España, los catalanes son los que peor imagen tienen de su sistema de salud público, solo superado por la valoración que hacen los murcianos. El destrozo de la Atención Primaria, la razón del colapso de las Urgencias de los hospitales públicos de Madrid JORGE OTERO MALDONADO
Una de las mejor valoradas es Navarra, aunque los médicos tienen una visión muy diferente y han denunciado en varias ocasiones recientemente la "sobrecarga" que sufren. De hecho, a no ser que las asambleas del Sindicato Médico de Navarra CESM lo eviten, que tendrán lugar la próxima semana, a partir del 1 de febrero tendría lugar una huelga de médicos para denunciar la falta de facultativos en la región. Y en la víspera, el 31 de enero, habrá una concentración ciudadana para exigir mejoras al gobierno del PSOE. Navarra tiene 4,1 médicos por cada 1.000 habitantes, una de las cifras más altas de todo el país, solo superado por Cantabria y Aragón, con salarios en la media nacional. Los navarros son los españoles que menos recurren a la sanidad privada. Esa tabla la lidera de forma destacada Aragón, una comunidad que también lidera las listas de espera, con una media de 160 días para ser atendido por un médico especialista. La Navidad ha estallado en la región y la presión asistencial ha sido muy alta respecto a otras regiones. La delicada Atención Primaria de la comunidad ha provocado que el cúmulo de circustancias desemboquen en una huelga el 23 y el 24 de enero. La idea es reivindicar mejoras para los trabajadores, que entre otros elementos sería limitar los pacientes totales (que se conoce como "tarjetas sanitarias") que cada médico o pediatra de los centros de salud puedan atender. Esa misma semana, durante las jornadas del 26 y 27 de enero, pararán también los médicos de atención primaria de Extremadura, que como en el resto de España reclaman mejoras en la Atención Primaria después de que su Gobierno haya reducido el presupuesto invertido en este sector para 2023. Junto con Navarra, Extremadura es la única comunidad autónoma que ha reducido su inversión en Atención Primaria para este año. La mitad de los centros de urgencia de Atención Primaria de Madrid funcionaron sin médicos el fin de semana PÚBLICO
Los últimos que han tomado cartas en el asunto han sido los médicos del País Valencià, que tras una nueva reunión con el Gobierno de Ximo Puig y tras no lograr un acuerdo, iniciarán una huelga los días 17 y 18 de enero. La autonomía levantina tiene menos médicos por cada 1.000 habitantes (3,3) que la media nacional (3,5). Como en Madrid, los facultativos valencianos piden limitar el número de pacientes atendidos, aunque aspiran a conseguir una reducción de jornada a 35 horas, una cuestión que afectaría a casi 70.000 trabajadores y para la que la Consellería de Sanidad se ha mostrado a favor.
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