Las normas aprobadas por el actual vicepresidente del Banco Central Europeo fueron un fracaso que dejaron tocado al sector financiero y no impidieron que España tuviera que pedir un rescate que no ha sido devuelto por las entidades financieras
Esteban P. Cano - Diario 16 - 09/11/2022
Luis de Guindos, vicepresidente del BCE y exministro de Economía de España
La querella interpuesta por el despacho Durán & Durán contra Ángel Ron, parte de su equipo y la auditora PwC puede abrir una «caja de Pandora» inesperada para la Justicia española.
Partiendo de la base de que las acusaciones por la ampliación de capital de 2012 del Banco Popular son infundadas y tienen muy poco peso, tal y como hemos publicado en Diario16, el fondo de la querella puede ir hacia un destino no esperado: la investigación del efecto pernicioso que tuvieron los llamados «decretos Guindos», su ineficacia y, sobre todo, que exigió al sector financiero un esfuerzo que no estaba recogido por la normativa vigente.
Tras el cambio de Gobierno de noviembre de 2011, Mariano Rajoy nombra a Luis de Guindos ministro de Economía y decide de manera sorpresiva incrementar las provisiones del sector financiero ante la crisis desatada en Bankia, después de su conflictiva salida a Bolsa y la acuciante crisis de deuda que llevó la prima de riesgo por encima de los 600 puntos básicos. Este hecho hizo imposible la financiación del país en los mercados, dado que éstos sospechaban que si los bancos y, sobre todo, las cajas tenían que incrementar sus provisiones hubiese aflorado o no la morosidad inmobiliaria.
Este incremento de provisiones supuso un cambio radical en la regulación a través de los llamados Decretos Guindos, algo absolutamente imprevisible sólo unos meses antes.
Ese cambio regulatorio afectó por igual a Banco Pastor y Banco Popular. Según publicó el diario económico Expansión, los dos decretos Guindos supusieron un esfuerzo de 78.000 millones de euros para las entidades españolas, algo que no era exigible con la normativa en vigor en aquel momento.
Los decretos Guindos fracasaron y no sirvieron para estabilizar los mercados. Por ello, el Gobierno acabó pidiendo un rescate financiero por el que la UE hizo un préstamo a España de hasta 100.000 millones de euros. Como condición previa, el sistema financiero español debía someterse a un test de estrés y a que las entidades cubriesen las provisiones resultantes del mismo en un escenario teórico de estrés extremo, que en el caso español, tenía un 1% de posibilidades de cumplirse.
Ese test de estrés determinó que el sistema financiero necesitaba algo más de 60.000 millones de euros en un escenario estresado y para el que se le daba una probabilidad de ocurrencia del 1%. Tanto el Banco Central Europeo (BCE) como el Banco de España obligaron a las entidades a contabilizar en sus cuentas los efectos del test como si el escenario estresado ya hubiese ocurrido.
Banco Popular superó con éxito el escenario normal y hubiera necesitado 3.200 millones de euros en un escenario estresado, fundamentalmente por su exposición a las pymes, no al inmobiliario.
El Popular cumplía con todos los requerimientos del Banco de España, supervisor del Popular en aquel momento. En este punto, hay que recordar varios aspectos que contradicen lo que dice la querella de Durán y que mezcla conceptos sin ton ni son.
Hay que recordar que en 2014 el Popular pasó el AQR y el test de estrés previo al traspaso de la supervisión al BCE. En concreto, el supervisor europeo calificó al Popular en la media de los más de 120 bancos significativos de la UE.
En aquel momento, el Popular tenía un expediente limpio, cumpliendo todos los requerimientos, tal y como confirmó el director General de Supervisión del Banco de España, Mariano Herrera, en su comparecencia ante el Congreso.
Previamente, en el año 2013, la inspección remitió una carta al Popular de la que se concluía que el Popular tenía un exceso, no un déficit de provisiones.
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