Fuentes socialistas deslizan que el PSOE siempre ha cumplido con el mandato constitucional de renovar el Poder Judicial
Nacho Caballero - El Plural Viernes, 28 de octubre de 2022
Montaje de Alberto Núñez Feijóo, Pablo Casado, Mariano Rajoy y José María Aznar. Elaboración propia.
Tres años, 10 meses y 21 días. O lo que es lo mismo: 1.423 días. Es el tiempo que ha pasado desde el 4 de diciembre de 2018, fecha de caducidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano constitucional, en funciones desde entonces, vive en bloqueo permanente que parecía llegar a su fin ante los “avances” entre PSOE y Partido Popular. Sin embargo, Génova, pese a desvincular la reforma del delito de sedición de las negociaciones con Moncloa, dio orden a sus fontaneros de “suspender” las conversaciones utilizando esto como “excusa”. Es la tercera obstrucción al Poder Judicial en democracia y todas ellas han tenido un denominador común: el PP estaba en la oposición.
Hay que retrotraerse al año 1995 para asistir al primer caso de bloqueo al órgano de gobierno de los jueces por parte del Partido Popular. En aquella época, Felipe González era el inquilino del Palacio de la Moncloa, mientras que José María Aznar lideraba la oposición al frente de los conservadores. El 8 de noviembre de ese mismo curso, el mandato del CGPJ caducó, pero lejos de aproximarse a su renovación inmediata, el organismo vivió ocho meses en funciones.
Todo cambió a partir del 3 de marzo de 1996. Jornada electoral. El Partido Popular gana las elecciones por primera vez en la historia de la democracia, liderados por un aguerrido José María Aznar. El arco parlamentario en aquellos años lo conformaban mayoritariamente el PSOE y los conservadores, una época alejada de las arduas aritméticas que trajo la nueva política bajo el brazo.
La exigencia constitucional de tres quintos en las Cortes forzaba a los dos principales grupos a entenderse. Los populares con 156 escaños en el Congreso y 132 en el Senado, por los 141 parlamentarios y 96 senadores que obtuvieron los socialistas en los comicios. Una vez que Aznar llegó a la Moncloa, tras cinco meses de bloqueo con él como líder de la oposición, pisó el acelerador para abordar la renovación de un Poder Judicial caduco.
El por entonces presidente del Gobierno desbloqueó con premura lo que había impedido como jefe de la oposición. El 13 de junio de 1996 mantuvo una reunión con el presidente del CGPJ de la época, Pascual Sala, tras liquidar las diferencias mantenidas con el PSOE que impidieron la renovación del organismo en tiempo y forma.
Dos años de bloqueo
En 2008, pocos meses después de la reválida del entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Moncloa y Partido Popular alcanzan un acuerdo para renovar el Poder Judicial. Una noticia que hubiera pasado desapercibida de no ser por los casi dos años de bloqueo que los conservadores, de nuevo en la oposición, impusieron al órgano constitucional.
El 23 de julio de ese año, Mariano Rajoy visitaba el Palacio de la Moncloa en calidad de líder de la oposición para liquidar, de una vez por todas, las desavenencias con el Gobierno en cuanto al CGPJ. La reunión con Zapatero fue de las más breves que se recuerdan entre sendos líderes, pero también fue la más sustancial. En apenas 120 minutos, PSOE y PP escenificaron un diálogo que cristalizó en acuerdos.
En un escenario similar al actual, la situación de bloqueo puso en serio peligro el buen funcionamiento de la Justicia. El acuerdo rubricado para renovar el Poder Judicial trajo consigo otros pactos en materia de Justicia, pero también en otros marcos en los que había discrepancias casi insalvables como lo era la lucha antiterrorista.
Bloqueos del Partido Popular desde la oposición que no solo contrastan con su premura al desembarcar en Moncloa, sino también con la labor del PSOE fuera del Gobierno. Fuentes socialistas recuerdan que en los periodos que ha estado en la oposición ha mostrado una postura mucho más laxa que sus adversarios políticos. De hecho, en el año 2001 la renovación el CGPJ se acometió apenas tres meses después de que expirara el mandato. Lo mismo ocurrió en 2013, cuando las conversaciones se cerraron dos meses después de caducar el mandato de los miembros del Poder Judicial.
1.423 días de “excusas”
La regresión concluye en este punto, donde convergen los días del pasado con el presente más inmediato. PP y PSOE se dieron un “último intento” para desbloquear el gobierno de los jueces. Los avances se sucedían envueltos bajo un opaco manto de “discreción” y “prudencia”. El acuerdo era inminente, incluso estaba redactado y listo “a expensas de la firma” de los conservadores. “Nunca había estado tan cerca”, confesaba un Sánchez incapaz de ocultar su optimismo ante los periodistas que cubren su viaje oficial por África.
Todo eran buenas noticias, una sintonía inusitada erigida sobre los cimientos de la delicadeza y alejando en la medida de lo posible los focos de los trabajos de fontanería. Sin embargo, una declaración de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate de enmiendas totales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), desencadenó el primer encendido de alarmas en Génova. El acuerdo ya no estaba tan próximo.
El desliz -o no- de la ministra Montero verbalizando el plan del Ejecutivo para reformar el delito de sedición, convergió en tiempo -no en espacio- con el optimismo exacerbado del presidente del Gobierno, que dio por zanjado el asunto durante toda la jornada del jueves. Sánchez buscó el traslado de la presión hacia Génova, urgiendo al líder de la oposición a estampar la firma y escenificar el que hubiese sido el primer gran acuerdo de Estado con Feijóo. No obstante, el PP contravino la intervención presidencial desde Pretoria (Sudáfrica) y advirtió de la inexactitud de sus palabras, no sin negar que se produjeron “grandes avances”.
En aquellas horas, la negociación peligraba, pero no fue hasta las 20:30 cuando los conservadores se levantaron de la mesa de negociación. Génova dio orden de paralizar las conversaciones con el PSOE al tiempo que urgían a los socialistas a decidir si prefieren reformar la sedición de la mano de un “partido constitucionalista” o del bloque de la investidura, con independentistas y Podemos.
La reacción del PSOE no se haría esperar y, pocos minutos después, lanzaron un duro comunicado en el que ponían de relieve la debilidad de un Feijóo plegado a la “derecha más reaccionaria”. “No tiene autonomía. Losantos le ha dado caña, un tuit de Ayuso y a la lona. Le han temblado las piernas”, esgrimían fuentes socialistas y monclovitas a este medio. Al mismo tiempo, le acusaban de persistir en el “boicot” al órgano de gobierno de los jueces y a la propia Constitución, al desoír la obligación de la que esta emana. “Excusas y más excusas. Bloqueo y más bloqueo”, lamentan en Ferraz, desde donde algunas voces subrayan que “ha traspasado todos los límites en esta ocasión” e instan al PP a “desbloquear” el Poder Judicial de inmediato.
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