ANÁLISIS
Ciertos asuntos jurídicos suelen ser farragosos, pero en este hay al menos un par de cosas cristalinas: una, que la aprobación de la Ley ‘Sólo Sí es Sí’ supuso una clara victoria para el movimiento feminista y un claro avance para los derechos de las mujeres; la otra, que no hay ningún avance que no conlleve resistencias.
Javier Lezaola - LÚH - 17 de noviembre de 2022
La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía integral de la libertad sexual, más conocida como Ley ‘Sólo sí es sí’, se publicó en el BOE el pasado 7 de septiembre y entró en vigor el 7 de octubre. La norma partió del Ministerio de Igualdad –que dirige la secretaria de Acción de Gobierno de Podemos, Irene Montero– y, con varios departamentos ministeriales como proponentes –la mayoría de ellos, del PSOE–, pasó por el Consejo de Ministros del Gobierno de coalición de PSOE y UP y fue aprobada definitivamente en el Congreso con 205 votos a favor –encabezados por PSOE, UP, ERC y EH Bildu–, 141 en contra –encabezados por PP y Vox– y tres abstenciones.
En su crónica sobre aquella aprobación, el diario ‘El País’ citó, antes que a nadie –incluida la propia ministra de Igualdad–, a la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, quien “al teléfono” celebró que “por fin” saliera “adelante” esa “ley integral y asistencial completa” y recordó “aquellos momentos en que salíamos a la calle a pedir estos derechos para nosotras, para las mujeres”. “Fernández no obvia ni oculta la emoción: «Ha sido una victoria del movimiento feminista, de las movilizaciones, de las luchas y de la reivindicación social, y eso es lo más bonito, sobre todo para todas las mujeres que estuvimos en la calle»”, continuó ‘El País’.
“¿Hay que cambiar la Ley de ‘Sólo sí es sí’, como apunta el PSOE, para evitar que se revisen las condenas a abusadores o todo depende de la interpretación de los jueces, como dice Podemos?”, se preguntaba esta mañana, apenas tres meses después de aquella votación del pasado 25 de agosto, Àngels Barceló, la conductora de ‘Hoy por Hoy’, el matinal diario de la Cadena SER, propiedad del Grupo PRISA, como ‘El País’.
Formado por expertos de todo el mundo en derechos de la mujer, el CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) de Naciones Unidas es el órgano que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Recomendación general nº 33, que establece que “los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres” y “pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar particularmente a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia”. “Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos”, que “pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa”, con “consecuencias de gran alcance, por ejemplo, en el derecho penal”, añade la recomendación.
Por ello, el CEDAW recomienda a los Estados parte de la Convención –y España es uno de ellos– que “tomen medidas, incluidas las de concienciación y fomento de la capacidad de todos los agentes de los sistemas de justicia y de los estudiantes de derecho, para eliminar los estereotipos de género e incorporar una perspectiva de género en todos los aspectos del sistema de justicia” o que “apliquen medidas de fomento de la capacidad para jueces, fiscales, abogados y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre la aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales relacionados con los derechos humanos, incluida la Convención y la jurisprudencia establecida por el Comité, y sobre la aplicación de leyes que prohíban la discriminación contra la mujer”. La propia Ley ‘Sólo sí es sí’, que entró en vigor hace ya cinco semanas, insta a llevar a cabo esas recomendaciones del CEDAW.
Ciertos asuntos jurídicos suelen ser farragosos, pero en este hay al menos un par de cosas cristalinas: una, que la aprobación de la Ley ‘Sólo Sí es Sí’ supuso una clara victoria para el movimiento feminista y un claro avance para los derechos de las mujeres; la otra, que no hay ningún avance que no conlleve resistencias.
Las resistencias de la derecha judicial y los ataques de la derecha política y mediática a los avances en materia de igualdad –avances encabezados por el ministerio que dirige Irene Montero– no sorprenden, porque no son nuevos; que el PSOE y la prensa presuntamente progresista se pongan de perfil ante el problema de fondo e incluso deslicen críticas hacia Podemos en general y Montero en particular tampoco sorprende, porque tampoco es nuevo. Pero es necesario llamar la atención sobre ello, entre otras cosas porque prácticamente ningún otro medio de comunicación lo hará.
“La reforma de la Ley ‘Sólo sí es sí’ produce las primeras excarcelaciones. Hasta el momento se han producido al menos tres puestas en libertad y ocho rebajas de condena tras los cambios en el Código Penal”, titulaba esta tarde ‘El País’.
¿Cómo calificar a un juez que no aprecia relación de superioridad –ni ningún otro agravante de los muchos que contempla la Ley ‘Sólo sí es sí’– en una violación de un padre a su hija? Casos como ese, a cuyo autor el juez condenó en su día –con la anterior ley en la mano– a la pena mínima, son los que ahora están saltando a la prensa.
Por supuesto que la actual Ley ‘Sólo sí es sí’ tiene un margen de interpretación judicial –y qué ley no–, pero ese margen es mucho menor que el de la anterior ley, que permitió, por ejemplo, que el pasado mes de julio dos policías de uniforme que en 2018 habían penetrado a una joven de 18 años en Estepona fueran condenados a dos años de prisión –ni siquiera han pisado la cárcel ni la pisarán– en vez de a los 33 que les pedía la Fiscalía. Sin embargo, aquella decisión judicial no abrió portadas de periódicos ni programas de radio y de televisión como ahora sí están abriéndolos otras.
¿Por qué?
Básicamente, porque el problema no es la actual ley, sino su aplicación contra los avances en materia de igualdad –esto no es nuevo, pues ya ha pasado, por ejemplo, con los regímenes de visitas, que están prohibidos ante cualquier indicio de maltrato pero muchos jueces siguen dejando a niños con sus maltratadores– y la utilización política y mediática de esa aplicación para intentar crear una alarma social de la que responsabilizar al Gobierno de coalición en general y a Podemos e Irene Montero en particular (esta vez no ha habido llamada telefónica de ‘El País’ a la secretaria de Igualdad del PSOE). En otras palabras, esto es otra forma de ‘lawfare’ –guerra jurídica con una vertiente judicial pero también con otra vertiente política y otra vertiente mediática– contra el partido morado.
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