La APM y la FAPE cargan contra Joanna e Isa, detenidas este domingo tras grabar la acción de protesta de desobediencia civil no violenta del sábado en el Museo del Prado; la primera de ellas, para ‘El Salto’.
Javier Lezaola - LÚH - 7 de noviembre de 2022
Es un clásico de las acciones de protesta de desobediencia civil no violenta que uno o varios activistas las ejecuten acompañados por uno o varios periodistas, y así estos dan la noticia y aquellos amplían su repercusión mediática y social. Lo que ya no es tan clásico es que esos periodistas acaben detenidos y acusados de los mismos, o similares, delitos que los propios activistas y que asociaciones y federaciones de asociaciones de prensa les dejen a los pies de los caballos, pero eso es lo que está sucediendo en España.
Más allá de la consideración que a cada cual puedan merecerle esas acciones de protesta en general y la de este sábado en el Museo del Prado –sus formas e incluso sus motivaciones– en particular, es evidente que la del sábado en el Prado fue precisamente eso: una acción de protesta de desobediencia civil no violenta, histórica forma de lucha pacífica dirigida a impulsar avances políticos y sociales y reivindicada en su día por figuras de la talla intelectual de Albert Einstein o Nelson Mandela.
Sam y Alba son los dos activistas del colectivo Futuro Vegetal que el sábado en el Prado pegaron sus manos a los marcos de ‘Las majas’ –los óleos de Francisco de Goya ‘La maja vestida’ y ‘La maja desnuda’– tras pintar de negro, en el espacio de la pared que separa ambas obras, la leyenda “+1,5º”, y Joanna e Isa son las dos periodistas que grabaron los hechos; la primera de ellas, para el digital ‘El Salto’. Sam y Alba fueron detenidas el mismo sábado, y Joanna e Isa lo fueron este domingo, bajo la acusación de tres delitos –daños, daños contra el patrimonio histórico y alteración del orden público–, por lo que podrían acabar enfrentándose a penas de prisión.
Antes de ejecutar la acción, Sam y Alba explicaron las razones de su protesta en un vídeo que Futuro Vegetal ha emitido este lunes en sus redes. “Somos las personas que nos pegamos a los cuadros de ‘Las majas’ y queremos explicaros por qué lo hicimos: lo hicimos por miedo, por el pánico que sentimos al leer el Informe de Brecha de Emisiones de Naciones Unidas, que afirma que los gobiernos no son capaces de quedarse bajo el límite de 1,5 grados de temperatura respecto a los niveles preindustriales”, apuntan los dos activistas, que en ese sentido auguran “un escenario de caos climático en el que no podremos ni cultivar nuestros propios alimentos”. “Nos aterroriza pensar en el futuro que nos espera si no transformamos radicalmente este sistema político y económico actual, un futuro que directamente nos lleva a la extinción”, añaden antes de insistir en la necesidad de “cambiar ya el sistema agroalimentario actual” y confiar en “que entendáis nuestra lucha, una lucha por nuestras vidas y por las siguientes generaciones”.
Por su parte, ‘El Salto’ ha destacado este lunes, en un editorial titulado “‘El Salto’ condena la inaceptable detención de las periodistas que cubrieron la protesta en el Prado”, que Joanna e Isa “son periodistas, se dedican a informar y eso es lo que hicieron” este sábado en el Museo del Prado: “Contar lo que sucedió cuando dos jóvenes del colectivo Futuro Vegetal llevaron a cabo una acción de protesta en una de las salas”. Y adiverte de que “si no se puede” ni “protestar” ni “contar que se ha protestado”, se está pretendiendo “crear una sociedad obediente, muerta en vida”.
“La detención de las dos periodistas resulta inadmisible en tanto que ataca a la libertad de información que recibe la ciudadanía y a la pluralidad de los mensajes que trasladan los medios de comunicación”, añade ‘El Salto’, que considera que “si informar sobre una acción de protesta te lleva al calabozo”, el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE –que establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión” y que ese derecho “comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras”– es “papel mojado”.
El digital alerta asimismo de que “el castigo y la persecución de periodistas que informan de actos de desobediencia” están proliferando en los últimos tiempos y “no son pocos los ejemplos” de ellos. Por ejemplo, el de Guillermo Martínez, quien “denunció agresiones policiales mientras cubría el mitin de Vox en Vallecas en 2021 para ‘El Salto’ y ahora se enfrenta a una causa por denuncia falsa junto a otros dos informadores que también estuvieron allí”. O el de Javier Bauluz, Premio Pulitzer de 1995 y de quien este año 2022 ha trascendido que “ha sido objeto de multas en base a la Ley de Seguridad Ciudadana por fotografiar la llegada de migrantes a las Islas Canarias”.
En su informe ‘Derecho a la protesta en España: siete años, siete mordazas que restringen y debilitan el derecho a la protesta pacífica en España’ –publicado el pasado viernes–, Amnistía Internacional ha documentado cómo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “han interferido de forma indebida en el ejercicio del derecho a la libertad de información, amenazando a periodistas o personas que grababan imágenes durante las manifestaciones con requisar sus equipos de grabación y con aplicar la Ley Mordaza que ampara esta actuación por parte de la Policía” y cómo “se han tomado datos de las personas que han grabado, en previsión de que pudieran difundir públicamente esas imágenes, o finalmente han sido sancionadas por otros artículos de la ley”.
“Más allá de la evidente necesidad de que esas prácticas censoras sean denunciadas y abolidas y más allá también de una defensa corporativa del periodismo, la preocupación y lo que enciende todas las alarmas es la persecución del derecho a disentir en público, de expresar opiniones críticas con el estado de las cosas mediante acciones pacíficas de protesta. Si no se puede protestar ni contar que se ha protestado, lo que se pretende es crear una sociedad obediente, muerta en vida”, concluye el editorial de ‘El Salto’, medio de comunicación asambleario, horizontal y autogestionado.
Sin embargo, la APM (Asociación de la Prensa de Madrid) o la federación a la que la APM está federada, la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) han dejado a ambas periodistas a los pies de los caballos.
La agencia Europa Press, citada por diversos medios, ha citado “fuentes policiales” que, “tras visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad del museo y la toma de declaración de varios testigos”, aseguran que “se ha podido comprobar que las dos detenidas también participaron en la organización del acto vandálico”. Al hilo, la propia agencia ha consultado a la APM y a la FAPE, que “consideran” que Joanna e Isa “podrían ser «cómplices» de los hechos”, de los que “tendrán que responder”.
“No las han detenido por un acto en el que ejercían la profesión, por lo tanto no podemos hablar de derecho a la información. Que sean periodistas no les da patente para ejecutar cualquier tipo de actuaciones, como en este caso, incívicas. Se han expresado como ciudadanos, no como periodistas, y como ciudadanos tendrán que responder”, ha declarado a Europa Press el presidente de la FAPE, Miguel Ángel Noceda, periodista de Economía de ‘El País’ desde 1989 hasta este año 2022 y coordinador del libro ‘La economía de la democracia (1976-2016)’, escrito por los exministros de Economía Carlos Solchaga, ministro de Felipe González; Pedro Solbes, ministro de González primero y de José Luis Rodríguez Zapatero después, y Luis de Guindos, ministro de Mariano Rajoy.
Aún más allá ha ido la Junta Directiva de la APM –presidida por Juan Caño y de la que el propio Noceda es vicepresidente tercero–, que citada por la misma agencia ha asegurado que “si se comprueba” que las dos periodistas “iban con” las dos activistas, “no podemos salir en su defensa”, pues “les han convocado –si es que ellos no formaban parte de la organización, como parece– para dar cuenta de un delito” y, en ese caso, “si no alertan a la Policía, son cómplices antes que periodistas, y lo primero prevalece”.
Más allá de la consideración que a cada cual puedan merecerle las acciones de protesta de desobediencia civil no violenta en general y la del sábado en el Prado en particular, decir que a Joanna e Isa “no las han detenido por un acto en el que ejercían la profesión”, referirse a una acción de protesta de desobediencia civil no violenta como “un delito” a secas o sostener que si los periodistas que la cubren “no alertan” de la misma “a la Policía” son “cómplices antes que periodistas” define sobre todo a quien lo hace y define también a la asociación o a la federación de la que forma parte si lo hace en nombre de ellas.
Claro que una acción de protesta de desobediencia civil no violenta constituye una infracción –precisamente ese es uno de sus elementos–, pero no por eso –y se esté de acuerdo o no con sus formas e incluso con sus motivaciones– deja de constituir ante todo una acción integrada así en una histórica forma de lucha pacífica dirigida a impulsar avances políticos y sociales y reivindicada por figuras de la talla intelectual de Einstein o Mandela. Despacharla periodísticamente como “un delito” a secas y dejar a los pies de los caballos no sólo a los activistas que la ejecutan sino también a los periodistas que la cubren dice mucho, y nada bueno, de una asociación de prensa y de una federación de periodistas. Aunque en este caso no sorprenda.
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