Bolaños confirma que la reformarán para evitar "efectos indeseados" mientras Podemos apuesta por su Plan
El PSOE asume que la normativa ha generado una "preocupación social". Los morados creen que se debe a un error de aplicación del derecho transitorio
NACHO CABALLERO/ ADRIÁN LARDIEZ - El Plural - Lunes, 30 de enero de 2023
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños
Portazo al Ministerio de Igualdad. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha confirmado que el Ejecutivo acometerá una modificación de la ley del solo sí es sí, tumbando las propuestas de Unidas Podemos, orientadas a eludir una remodelación del articulado. En este sentido, el dirigente socialista ha puntualizado que la normativa mantendrá el consentimiento como "elemento nuclear".
En cualquier caso, Bolaños no ha escondido que ocultado que se han producido “efectos indeseados” tras la entrada en vigor de la normativa y que, a su vez, estos han degenerado en “preocupación social”. Estas dos palancas han forzado al Ejecutivo – al menos al ala socialista – a tomar cartas en el asunto. “Vamos a modificar la ley para paliar estos efectos. Es una reforma legal que no es sencilla”, ha explicado el ministro de Presidencia, aludiendo a la propuesta que ha trasladado la cartera de Justicia. De hecho, estipula que esa es la guía de estilo a la que habrían de atenerse todos los componentes de la coalición.
La propuesta del Ministerio de Justicia, comandado por Pilar Llop, se cimenta sobre la recuperación de las penas del Código Penal previo a la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. De esta manera, a su juicio, se frenaría la revisión de condenas a la baja en los casos más graves. Esto implica un retorno a las condenas de entre uno y cinco años en caso de violencia, intimidación o se anulara la voluntad de la víctima. En otros casos, serían de entre seis y doce años en los supuestos en los que la agresión sexual sea con penetración.
La iniciativa de Justicia se extendería a los casos en los que la víctima fuera menor. De hecho, desde la cartera de Justicia ya aseguran que se está trabajando en esta modificación, aunque por el momento no existen documentos sobre la mesa para analizar en la coalición. Entre tanto, en el seno de la coalición abogan por acometer el debate con responsabilidad: “Justicia sigue trabajando desde el punto de vista técnico y de manera rigurosa". “Queremos paliar esos problemas y hacerlo con rigor, de la mano de los magistrados que más conocen este apartado penal”, señala el ministro de la Presidencia, quien ha precisado que el consentimiento se mantendrá como “eje central” del articulado. “No se puede preguntar a las mujeres si se resistieron, no queremos ningún retroceso en sus derechos”, subraya.
Por su parte, la ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, advertía en la mañana de este lunes. "Adoptaremos todas las medidas necesarias" con el fin de proteger a las mujeres. En declaraciones a los medios de comunicación Calviño ha señalado que el compopromiso."Es nuestro obetjvio prioritario", ha zanjado.
Podemos rechaza la reforma y apuesta por su Plan
Mientras el ala socialista apuesta por la reforma para evitar los efectos indeseados de la ley del solo sí es sí, la morada insiste en negar que el articulado deba ser modificado y descarga la responsabilidad sobre errores en su aplicación transitoria. Ministros del PSOE apuntan a la necesidad de modificar la norma, mientras desde Unidas Podemos se rechaza de plano. La ministra de Igualdad, Irene Montero, manifestó el pasado fin de semana de malestar por ello: “El Partido Popular ha ofrecido sus votos para volver al modelo anterior, a la distinción entre agresión y abuso. Vamos a proteger el corazón de la ley, lo vamos a hacer juntas y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres y a los avances feministas frente a los que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder después del mayor avance en materia de lucha contra las violencias machistas en los últimos 20 años".
Fuentes del Ministerio de Igualdad razonan que la reforma penal no es la solución para frenar las revisiones de penas a la baja que están beneficiando a agresores. A su entender, hay algunos jueces, que no todos tal y como proyectan las cifras, que están aplicando mal la propia ley. Según dicen, los expertos y hasta sus socios de coalición, el PSOE, comparten este extremo, motivo por el cual desde el ministerio que encabeza Montero se ha propuesto como posible solución un plan de medidas para la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres.
Entre las medidas que recoge este Plan, que llaman a poner en marcha de manera urgente, está doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual; reforzar la Fiscalía de violencia sobre la mujer y ampliar sus competencias a las violencias sexuales; garantizar la asistencia jurídica gratuita a las victimas e incluirlas en el Servicio de Atenpro desde 2023; reforzar las unidades de valoración forense integral; o hacer formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de justicia e Interior así como de la Educación y de la Sanidad.
Del mismo modo, recoge la necesidad de implementar las ayudas a víctimas de violencias sexuales; de crear el servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema nacional de Salud para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo; de incrementar el número de agentes que Interior dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia contra las mujeres ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual; o implementando los puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas.
Fuentes de Igualdad señalan que el Ministerio ve imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas.
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