La Eurocámara admite a trámite la denuncia de "puntos radiactivos fuera" del vallado de seguridad en Palomares
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado atender una denuncia de un ecologista que denuncia la inacción española en Palomares y advierte de una "zona de contaminación radiactiva" fuera de la valla de seguridad.
La petición, abierta a la adhesión este lunes, pide que España "cumpla la normativa vigente" desde hace más de medio siglo, utilizando americio y plutonio para la protección radiológica en estas zonas, y pide la descontaminación "urgente y prioritaria" de lo que propone. Aguas residuales. Conocido como el "nuevo punto de acceso libre".
Según la resolución de la Comisión de Peticiones, "la zona radiactiva más peligrosa para los ciudadanos" está situada "en las aceras ocasionales de la calle Diseminado de la Punta" en el distrito de Palomares, según datos facilitados por Ecologistas en Acción. , "donde suele circular la gente".
Hay un total de cinco puntos que suman 428 metros cuadrados de superficie clasificada de suelo urbano y, en un caso, de suelo rústico condenado. Están ubicados en los términos municipales de Cuevas del Almanzora y Vera. En enero de 2022, la Comisión de Seguridad Nuclear (CSN) también condenó la situación.
En diciembre, el organismo de control atómico acordó cerrar la denuncia tras concluir que la "configuración" de la valla "evitó los riesgos radiológicos existentes". En su resolución, detalla "acciones y verificaciones" desde el "punto de vista de la protección radiológica", al tiempo que señala que el cerco perimetral "minimiza a su vez posibles daños a terceros" por "contaminación".
En cuanto a las medidas de radiactividad adjuntas a la denuncia, cuestionó los datos porque, según subrayó, era necesario disponer de "equipos de medida adecuados" y "muestras representativas en número, extensión y volumen".
El reconocimiento del tratamiento y apertura de la pegajosa denuncia es el segundo en los últimos años que los ecologistas llevan a la acción ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo.
En 2019, este órgano del Parlamento Europeo decidió solicitar a la Comisión Europea (CE) que realizara una "investigación preliminar" sobre el traslado de material radiactivo a Palomares, así como "el almacenamiento de mercancías en general en contenedores marítimos con terrenos de cultivo , cerca de la población”. Además, también acordó enviar una misión de verificación para ver el grado de cumplimiento del artículo 35 del Tratado Euratom por parte de la región.
Tras la investigación, la CE dio a España hasta finales de 2021 para informar sobre los "avances" en un plan de limpieza "final" de 40 hectáreas de suelo contaminado, aunque el informe aún no se ha presentado por falta de pruebas pertinentes. . mejora.
Bruselas pidió a las autoridades españolas que completaran una "propuesta" que había elaborado en 2010 para "eliminar gradualmente" la tierra de americio y plutonio como "bóvedas seguras" para su almacenamiento "a largo plazo".
Por otro lado, el Tribunal Supremo (TS) dictaminó en noviembre que la Comisión de Seguridad Nuclear (CSN) no era la autoridad competente para "adoptar medidas destinadas a la zona" y "efectos residuales".
Por ello, desestimó el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, afirmando que la Audiencia Nacional (AN) tenía razón, a pesar de dos objeciones en contrario, que demostraban que el CSN "carecía de las facultades del plan material de ejecución", al tiempo que negaba que Palomares pudiera ser considerado un "almacén radiactivo ilegal" o un "cementerio nuclear abierto".
El Ciemat realizó cerca de 400 análisis de muestras de aire, alimentos de origen animal y vegetal, flora y fauna, y sedimentos y aguas recogidas en Palomares en 2021, mostrando concentraciones de actividad de americio y plutonio por un total de 112, aunque, en todos estos casos, las detectadas los valores estaban "por debajo de los niveles de referencia establecidos en el programa de monitoreo de radiación de la región".
Según el Ciemat, los valores de concentración de actividad encontrados en el muestreo anterior fueron “similares” a los obtenidos en años anteriores, lo que le llevó a concluir que durante la pasada década, 2010, “la evolución temporal de los niveles de contaminación” - 2021, “se ha mantenido estable”.
De los 141 análisis realizados, 95 permitieron la cuantificación de plutonio, la mayoría de los cuales fueron muestras recolectadas por reemplazo semanal de filtros de aire en tres estaciones de medición, dos de las cuales se ubicaron en la Zona 2 del área de monitoreo de radiación y la otra en área urbana. En este caso, todos los análisis detectaron actividad radiactiva en forma de partículas en suspensión.
El gobierno continúa implementando el proceso de expropiación forzosa acordado en el Consejo de Ministros de 2021 para 44 fincas cercadas. La mayor parte de los 324.073 metros cuadrados de suelo, además de las cinco fincas situadas en el término municipal de Vera, tres urbanas y dos rústicas, están ubicadas en Cuevas del Almanzora y tienen carácter rústico según calificación del Ministerio.
Los afectados fueron personas naturales, la Sociedad para la Transformación Agraria (SAT), los dos municipios de la ciudad donde se encontraban los terrenos contaminados y la empresa constructora que entonces estaba habilitada para desarrollar terrenos residenciales.
Así, uno de los promotores inmobiliarios concentró la propiedad de 18,5 hectáreas, de las cuales 9,8 hectáreas son rústicas según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, aunque prevén un desarrollo urbanístico durante el proceso de ocupación temporal.
El acuerdo del Consejo de Ministros incluía también un documento técnico en el que se informaba de que se podía obtener un presupuesto de 345.127,95 euros para la expropiación de Vera y Cuevas del Almanzora.
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