Los de Ione Belarra han registrado de forma individual este lunes en el Congreso sus modificaciones al texto socialista
CYNTHIA COIDURAS - 11/04/2023
UP aprieta al PSOE con una decena de enmiendas a la reforma de la ley del 'solo sí es sí'
Sin acuerdo, de momento, entre el PSOE y Unidas Podemos para reformar la ley del solo sí es sí. La que es una semana decisiva para la aprobación parlamentaria del texto de los socialistas ha comenzado con el fin del periodo de enmiendas y la presentación in extremis de las correcciones de los morados, que insisten en poner en el centro del debate el consentimiento. Este concepto ha pasado de ser la bandera de los de Ione Belarra para desarrollar la Ley de Libertad Sexual a la herramienta de presión a su socio mayoritario, al que acusan de denostar esta idea en su proyecto de modificación de la legislación estrella del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. En este contexto, Podemos ha registrado a primera hora de este lunes una decena de enmiendas de forma individual a la propuesta del PSOE que pasa por la puntualización de las penas de prisión por la violencia y la intimidación; la supresión de disposiciones transitorias para evitar la petición de revisión de condenas; la introducción de la especialización judicial en materia de violencia de género; o la asistencia jurídica gratuita para las víctimas y sus familias, entre otras.
Sin acuerdo entre la coalición
La vuelta tras las (pequeñas) vacaciones de Semana Santa ha traído consigo un nuevo paso hacia delante en la reforma de la ley del solo sí es sí que ha puesto encima de la mesa el PSOE con la reactivación de su calendario parlamentario. Los socios mayoritarios de la coalición buscan que el Pleno del Congreso de los diputados apruebe su articulado el próximo 20 de abril para que el Senado lo avale el 26, día en el que si todo va bien vería la luz la norma de forma definitiva después de que este lunes finalice la prórroga para la presentación de enmiendas tras el aplazamiento aprobado por la Cámara Baja el pasado 28 de marzo. Una demora que se ha saldado -aunque el plazo acaba realmente a las 18:00 horas de este 10 de abril- con el registro a primera hora de la mañana de las correcciones por parte de Unidas Podemos, formación que ha impulsado la Ley de Libertad Sexual, cuya polémica ha centrado la actualidad en el seno de la coalición en los últimos meses a cuenta de las rebajas de penas a cientos de condenados por agresión sexual.
Tras la decisión el pasado jueves de ERC y EH Bildu de registrar más de una veintena de enmiendas de forma conjunta, los de Ione Belarra han hecho lo propio y han presentado a la mesa de la comisión de Justicia un documento de veinte páginas con casi una decena de propuestas de rectificaciones al texto de los de Pedro Sánchez. Eso sí, ellos lo han hecho de forma individual y después de no alcanzar un acuerdo con los socios mayoritarios. Así lo ha anunciado en la mañana de este lunes la propia Irene Montero en una entrevista en La Hora de La 1, en la que no solo ha embestido a los socialistas por -a su juicio- acercarse al Partido Popular sino que ha insistido en poner en el foco el consentimiento. "La mayoría de la investidura llevamos meses trabajando de forma coordinada, compartimos que hay que dar una respuesta ante las decisiones judiciales de rebajas de penas, pero también tenemos claro que el consentimiento tiene que seguir en el centro", ha sostenido la titular de Igualdad.
Con todo, Montero ha dejado la puerta abierta al pacto y ha reiterado que estas enmiendas "tienen que ser una oportunidad para que el PSOE se lo piense, para mejorar la ley y que esté trabajada con la mayoría feminista de la Cámara". Y es que los morados aseguran que "pese a intentar hasta el último momento llegar a un acuerdo", es "necesario mejorar la aplicación de la ley pero no retroceder ni degradar el sistema del consentimiento". De esta forma se ha manifestado ante los medios a las puertas del Congreso Victoria Rosell, delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, quien ha presentado las modificaciones. "Es básico llegar a este equilibrio y así lo han entendido también las fuerzas que sostienen la mayoría progresista y feminista. No hace falta ese retroceso que pretende el PP para mejorar la aplicación de la ley en los tribunales. Trabajamos por las mujeres y la infancia víctimas de violencias machistas", ha dicho.
Las enmiendas de UP
En este contexto, el grupo confederal ha presentado en la Cámara baja un texto -"en la misma línea" con los cambios de los socios catalanes y vascos, tal y como ha confirmado la propia Montero- en el que ha rechazado especialmente el planteamiento socialista que vuelve a introducir la consideración de la violencia y la intimidación para que estas sean subtipos agravados en el cómputo de un mayor castigo. Así, los morados proponen a cambio colocar esas circunstancias como agravante, como ya estaba establecido en la norma que todavía está en vigor. Este es precisamente el primer precepto que se propone modificar en el documento, que consta de nueve enmiendas que van desde este punto hasta la supresión de disposiciones transitorias para evitar la petición de revisión de condenas, la introducción de la especialización judicial en materia de violencia de género, así como la asistencia jurídica gratuita para las víctimas y sus familias.
Así, lo de Belarra han propuesto en primer lugar un artículo único de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que pasa por la sustitución del articulado para eliminar la referencia a "la indemnidad sexual" u otros apartados introducidos por el PSOE en términos de las penas. Por ejemplo, los morados piden eliminar la prisión de cinco a diez años o de doce a quince años y mantener las de dos a ocho y de siete a quince años para las violaciones conjuntas (como la manada) así como los términos de intimidación y violencia. Apuestan por retirar la consideración de una agresión sexual "vaya precedida o acompañada" de estas dos opciones o que estas sean "de extrema gravedad". También ampliar la tipificación para los casos en los que el agresor sea "una persona allegada a la víctima" o la inclusión del "suministro de fármacos" o "cualquier medio" para someterlas.
Más especialización y asistencia jurídica
En cuanto a las disposiciones transitorias, concretamente la séptima, octava y novena, los de Unidas Podemos consideran que, "al tratarse de una reforma que no rebaja ninguna pena, no solo no es necesaria, sino que ésta podría resultar contraproducente" y ponen el foco en el "riesgo de interpretación de la modificación como asunción por parte del legislador". Así, aseguran que se debe evitar "que tal interpretación conlleve nuevas peticiones de revisión ante los tribunales que han aplicado dicho derecho transitorio consolidado". Mientras, también ha planteado la adición de una varias disposiciones para incorporar que los juzgados tengan una "especialización" en materia de violencia de género o la elaboración "semestralmente", y presentar al Fiscal General del Estado y al Consejo Fiscal "un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal" en este asunto. "El profundo calado de los cambios operados en el Código Penal a raíz de esta ley, y la falta de aplicación homogénea de la misma durante sus primeros meses de vigencia, hace necesario acometer la reforma sin agotar el plazo máximo establecido", aseguran.
Además, la propuesta morada también contempla la necesidad de "reconocer el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género", del terrorismo, de trata o de otras violencias sexuales así como a las personas menores de edad y las personas con discapacidad "con independencia de la existencia de recursos para litigar". También para sus familias o "causahabientes" en caso de fallecimiento de la víctima, "siempre que no fueran partícipes en los hechos". Para beneficiarse de este servicio, detallan que "la condición de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere esta letra, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria". Por el contrario, se perderá "tras la firmeza de la sentencia absolutoria, o del sobreseimiento definitivo o provisional por no resultar acreditados los hechos delictivos, sin la obligación de abonar el coste".
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